domingo, 11 de octubre de 2009

"Calidad y cantidad", por M. Wainfeld

Fragmentos iniciales de la nota "Calidad y cantidad" publicada hoy por Mario Wainfeld en Página/12. Recomiento leer la nota entera haciendo CLICK AQUI.

Calidad y cantidad

Una victoria inesperada por la cantidad de votos y la magnitud de los apoyos. Los que ganaron ayer. La oposición, su conducción. Cambios de camisetas y dobles standards. Operadores en acción, un Vila auténtico. Un derecho ciudadano, sus dos facetas. De cómo informar es poder y de cómo se reparte. La alegría en Olivos. Proyectos y escollos.

Por Mario Wainfeld

La aprobación de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se logró congregando abrumadoras mayorías cuantitativas y cualitativas. Las amplias votaciones en las cámaras provienen de un espectro que incluye al oficialismo y a vastos sectores de la oposición. El socialismo, Proyecto Sur y el partido de Martín Sabbatella incidieron decisivamente en el resultado y en el texto definitivo. Representan millones de votantes no kirchneristas, lo que desbarata el argumento del “setenta por ciento” en contra. El socialismo, que mostró coherencia ideológica sin concesiones, se sometió a otro veredicto electoral en medio de esta disputa y fue convalidado por el pueblo de su provincia.

Al kirchnerismo le cabe el mérito de liderar este cambio auspicioso, de ser el primer gobierno que consigue llegar al recinto con la ley y también el de saber escuchar e incluir a otros actores.

Los partidos opositores imaginaron que se repetiría el escenario de la Resolución 125. Pero sobraron las diferencias: no hubo acá sujeto social activo que les hiciera pata ni movilizaciones masivas a su favor. Toda la raigambre social se asentó en la otra vereda. Tampoco se reiteró la cerrazón del oficialismo.

Ese archipiélago opositor careció de reflejos. Sigue envuelto en su interna irresuelta y ha aceptado que las corporaciones (que no brillan por su ductilidad en la arena democrática) sean su conducción política. En tributo a ese seguidismo sus desmanejos tácticos fueron patentes. Creyeron que la ley no recalaría en el Congreso, en Diputados jugaron todas sus cartas a construir los reclamos judiciales de las corporaciones. Renunciaron a debatir y se mutilaron la oportunidad de agregar más reformas, que tenían al alcance de la mano. Los senadores dejaron de lado la sobreactuación pero no la repararon.

Superados por goleada, recayeron en una pésima costumbre: despreciar al otro, sindicar a quien piensa distinto de corrupto o ignorante. Calificaron así a intelectuales, a casi todos los constructores de los Veintiún puntos, a académicos, a trabajadores de la cultura afamados o casi anónimos, a luchadores sociales o de radios comunitarias. La oligarquía, se chimenta, no existe más pero vaya si sobreviven las concepciones aristocratizantes que degradan al que piensa diferente. En este caso no se embanderaron tras un ideario chavista, sino en una venerable brega de actores progresistas y democráticos, que tiene un cuarto de siglo de vida.

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Ningún derecho constitucional es absoluto. Los de los concesionarios de bienes del dominio público están sometidos a reglas especialmente estrictas. El licenciatario que incurre en prácticas monopólicas u oligopólicas o en abusos de posición dominante no tiene derecho a invocar “derechos adquiridos”.

A su turno, el derecho ciudadano a la información es algo más denso que la “libertad” del consumidor. La información es una forma de riqueza, desigualmente distribuida como tantas otras. Tiene dos facetas y no sólo la pasiva del espectador: poder acceder a información plural y ser emisor. Poseer un medio de comunicación, así sea de poco alcance, es una forma de poder social, sustraído a casi todos los argentinos. Habilitarles esa herramienta les da una oportunidad para defender sus ideas, valores e intereses que no se subsumen en las invocaciones banales a “la gente”.

Una desviación recurrente de los legisladores oficialistas fue centrar sus alocuciones en la manipulación o en las deformaciones informativas. No es ése el nodo, sino ampliar el conjunto de voces y garantizar un espectro no monopólico. Quien informa, forzosamente, edita: jerarquiza hechos, valores, los connota, les da un sentido particular. La objetividad no existe (cree el cronista), sí el derecho a procurarse data confiable comparando propuestas diferentes.

Los medios dominantes tienen su cosmovisión, sus intereses, su proyecto de país, en función de ellos producen. Lo inadmisible no es su sesgo ideológico sino su imposición de prepo, merced a la restricción de la competencia y la diversidad. La lógica del mercado, que premia al que más tiene y desprecia al menesteroso, nada tiene que ver con la de la democracia donde todos valen uno.

Las personas de a pie son los grandes sujetos del derecho a la información, no los medios ni los periodistas ni los dirigentes, en cuanto tales. Una ciudadanía plena incluye el derecho a ser, aun con pocas fichas, banca y no solo punto en ese juego.

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El paradigma vigente hasta ayer derivaba más de la reforma menemista que de la “ley de la dictadura”. Abandonaba la regulación de un recurso colectivo, una misión sustancial del Estado. Daba rienda suelta a los licenciatarios, beneficiados entre gallos y medianoche. El Estado no se retiró sino que actuó de referí bombero, que siempre sirvió al bando de los poderes fácticos.

Se alegó que la Constitución veda que haya leyes federales sobre la materia. Es una pobre extrapolación de una cláusula referida a la prensa escrita. Desde hace décadas, la Corte Suprema acepta que es válido que se legisle a nivel nacional actividades que, por naturaleza, se extienden en todo el territorio nacional. El joven jurista Gustavo Arballo desmenuza el punto en su blog Saber Derecho. Además, si los objetores a esta norma “unitaria” fueran consistentes deberían haber corrido ipso pucho a Tribunales para pedir la nulidad de las actuales concesiones, derivadas de dos normas nacionales, la dictatorial y la de Emergencia Económica menemista. Si la adjudicación unitaria es nula, los actuales licenciatarios carecen de derechos.


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