"Esto recién empieza", por W. Uranga

Página/12
Domingo, 11 de octubre de 2009

Opinión

Esto recién empieza

Por Washington Uranga

Terminó un capítulo y el 10 de octubre de 2009 tendrá que ser recordado como un día trascendental para la democracia y para el derecho a la comunicación en la Argentina. Pero así como es necesario ponderar y valorar el hecho, hay que ubicarlo también en el marco de un proceso que no ha llegado a su fin. Es la manera de no incurrir en nuevos errores. El que se cerró ayer en el Senado es un capítulo muy importante que precede a otros que no lo son menos. Existe una norma que, a la vez que supera ampliamente a la que existía dejando atrás resabios de la dictadura, habilita la construcción de nuevas oportunidades. Y de esto se trata. La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual carecerá de sentido si no es acompañada por una política pública en materia de comunicación que, apoyada en la letra aprobada, refuerce el sentido democrático, plural y participativo dándole vida y dinamismo ciudadano. Sin política pública de comunicación no habrá pluralidad, no tendremos diversidad, no existirán nuevos medios y otras voces. En otras palabras: lejos de haber terminado, esto recién empieza.

El análisis político coyuntural (que muchas veces termina siendo cortoplacista) dirá que ganó el Gobierno. Es una manera de decirlo. Se puede coincidir en la afirmación si se tiene en cuenta que además de una victoria parlamentaria, el Gobierno logró abrir el espectro de sus alianzas y sumó en este caso voces de otros que no suelen acompañarlo. Del mismo modo esto último es parte del triunfo para un gobierno que viene saliendo de una derrota electoral. También porque –más allá de lo que digan parte de la oposición y los grupos económicos concentrados que controlan los medios y que resultan directamente afectados en sus intereses– ésta no es “una ley K”. Es una ley resultante del esfuerzo y la militancia de muchos actores diversos, algunos reunidos en la Coalición por una Radiodifusión Democrática y otros que ni siquiera se inscriben en ese marco pero que también aportaron a este logro. Al Gobierno, a este gobierno, hay que reconocerle la audacia de impulsar la iniciativa en circunstancias políticamente difíciles. También la capacidad política de haber aceptado un centenar de cambios en el tratamiento en Diputados. Por eso ganó el Gobierno: porque tuvo amplitud para aceptar correcciones y sumar otras miradas. Y en ese sentido al mismo tiempo ganó la democracia. Ojalá algunos actores gubernamentales aprendan también la lección para otros ejercicios políticos: buscar consensos, sumar a los diversos es una tarea propia e indispensable de la política. Pasado el fragor del debate quizá también haya espacio para reconocer los errores cometidos: en general por la dirigencia política que tardó 26 años en habilitar esta ley y, en particular, por la gestión kirchnerista que como sus predecesores creyó en determinado momento que haciendo concesiones a los poderes mediáticos concentrados correría mejor suerte o podría generar alianzas que la favorecieran. Es el mismo error que ahora siguen cometiendo ciertos dirigentes de la oposición actuando como monaguillos de grupos mediáticos.

En otro sentido ganó la política: la movilización generada en torno del proyecto de ley reinstauró el sentido de la participación, de la movilización, el valor de la incidencia como ejercicio ciudadano en una sociedad que reincide en el descreimiento y la apatía. Este es otro saldo positivo.

Si todas estas cuestiones se comprendieran es indudable que habremos ganado todos.

El desarrollo tecnológico y los cambios de la sociedad en que vivimos hacen que esta ley no sea suficiente ni que absuelva de aplicar correctivos o añadir nuevos capítulos. La norma es perfectible y habrá que seguir debatiendo sobre otros muchos temas. Ojalá con la misma pasión, pero con más apertura de mentes y positivo sentido de construcción.

Pero la norma no surtirá un efecto mágico. Necesita de políticas públicas activas. No habrá más diversidad, más producción nacional y otras voces porque lo dice el texto legal. El Estado y los mismos que hasta ahora lucharon por obtener la sanción de la ley tendrán que seguir trabajando con creatividad para garantizar el derecho a la comunicación de todos y todas. También la oposición política si está dispuesta, como declama, a contribuir a la libertad de expresión y a la comunicación democrática.

Link a la nota:
http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/elpais/1-133306-2009-10-11.html

"Calidad y cantidad", por M. Wainfeld

Fragmentos iniciales de la nota "Calidad y cantidad" publicada hoy por Mario Wainfeld en Página/12. Recomiento leer la nota entera haciendo CLICK AQUI.

Calidad y cantidad

Una victoria inesperada por la cantidad de votos y la magnitud de los apoyos. Los que ganaron ayer. La oposición, su conducción. Cambios de camisetas y dobles standards. Operadores en acción, un Vila auténtico. Un derecho ciudadano, sus dos facetas. De cómo informar es poder y de cómo se reparte. La alegría en Olivos. Proyectos y escollos.

Por Mario Wainfeld

La aprobación de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se logró congregando abrumadoras mayorías cuantitativas y cualitativas. Las amplias votaciones en las cámaras provienen de un espectro que incluye al oficialismo y a vastos sectores de la oposición. El socialismo, Proyecto Sur y el partido de Martín Sabbatella incidieron decisivamente en el resultado y en el texto definitivo. Representan millones de votantes no kirchneristas, lo que desbarata el argumento del “setenta por ciento” en contra. El socialismo, que mostró coherencia ideológica sin concesiones, se sometió a otro veredicto electoral en medio de esta disputa y fue convalidado por el pueblo de su provincia.

Al kirchnerismo le cabe el mérito de liderar este cambio auspicioso, de ser el primer gobierno que consigue llegar al recinto con la ley y también el de saber escuchar e incluir a otros actores.

Los partidos opositores imaginaron que se repetiría el escenario de la Resolución 125. Pero sobraron las diferencias: no hubo acá sujeto social activo que les hiciera pata ni movilizaciones masivas a su favor. Toda la raigambre social se asentó en la otra vereda. Tampoco se reiteró la cerrazón del oficialismo.

Ese archipiélago opositor careció de reflejos. Sigue envuelto en su interna irresuelta y ha aceptado que las corporaciones (que no brillan por su ductilidad en la arena democrática) sean su conducción política. En tributo a ese seguidismo sus desmanejos tácticos fueron patentes. Creyeron que la ley no recalaría en el Congreso, en Diputados jugaron todas sus cartas a construir los reclamos judiciales de las corporaciones. Renunciaron a debatir y se mutilaron la oportunidad de agregar más reformas, que tenían al alcance de la mano. Los senadores dejaron de lado la sobreactuación pero no la repararon.

Superados por goleada, recayeron en una pésima costumbre: despreciar al otro, sindicar a quien piensa distinto de corrupto o ignorante. Calificaron así a intelectuales, a casi todos los constructores de los Veintiún puntos, a académicos, a trabajadores de la cultura afamados o casi anónimos, a luchadores sociales o de radios comunitarias. La oligarquía, se chimenta, no existe más pero vaya si sobreviven las concepciones aristocratizantes que degradan al que piensa diferente. En este caso no se embanderaron tras un ideario chavista, sino en una venerable brega de actores progresistas y democráticos, que tiene un cuarto de siglo de vida.

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Ningún derecho constitucional es absoluto. Los de los concesionarios de bienes del dominio público están sometidos a reglas especialmente estrictas. El licenciatario que incurre en prácticas monopólicas u oligopólicas o en abusos de posición dominante no tiene derecho a invocar “derechos adquiridos”.

A su turno, el derecho ciudadano a la información es algo más denso que la “libertad” del consumidor. La información es una forma de riqueza, desigualmente distribuida como tantas otras. Tiene dos facetas y no sólo la pasiva del espectador: poder acceder a información plural y ser emisor. Poseer un medio de comunicación, así sea de poco alcance, es una forma de poder social, sustraído a casi todos los argentinos. Habilitarles esa herramienta les da una oportunidad para defender sus ideas, valores e intereses que no se subsumen en las invocaciones banales a “la gente”.

Una desviación recurrente de los legisladores oficialistas fue centrar sus alocuciones en la manipulación o en las deformaciones informativas. No es ése el nodo, sino ampliar el conjunto de voces y garantizar un espectro no monopólico. Quien informa, forzosamente, edita: jerarquiza hechos, valores, los connota, les da un sentido particular. La objetividad no existe (cree el cronista), sí el derecho a procurarse data confiable comparando propuestas diferentes.

Los medios dominantes tienen su cosmovisión, sus intereses, su proyecto de país, en función de ellos producen. Lo inadmisible no es su sesgo ideológico sino su imposición de prepo, merced a la restricción de la competencia y la diversidad. La lógica del mercado, que premia al que más tiene y desprecia al menesteroso, nada tiene que ver con la de la democracia donde todos valen uno.

Las personas de a pie son los grandes sujetos del derecho a la información, no los medios ni los periodistas ni los dirigentes, en cuanto tales. Una ciudadanía plena incluye el derecho a ser, aun con pocas fichas, banca y no solo punto en ese juego.

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El paradigma vigente hasta ayer derivaba más de la reforma menemista que de la “ley de la dictadura”. Abandonaba la regulación de un recurso colectivo, una misión sustancial del Estado. Daba rienda suelta a los licenciatarios, beneficiados entre gallos y medianoche. El Estado no se retiró sino que actuó de referí bombero, que siempre sirvió al bando de los poderes fácticos.

Se alegó que la Constitución veda que haya leyes federales sobre la materia. Es una pobre extrapolación de una cláusula referida a la prensa escrita. Desde hace décadas, la Corte Suprema acepta que es válido que se legisle a nivel nacional actividades que, por naturaleza, se extienden en todo el territorio nacional. El joven jurista Gustavo Arballo desmenuza el punto en su blog Saber Derecho. Además, si los objetores a esta norma “unitaria” fueran consistentes deberían haber corrido ipso pucho a Tribunales para pedir la nulidad de las actuales concesiones, derivadas de dos normas nacionales, la dictatorial y la de Emergencia Económica menemista. Si la adjudicación unitaria es nula, los actuales licenciatarios carecen de derechos.

"Cómo cambiará el panorama de los medios", por N. Lantos

Página/12

Domingo, 11 de octubre de 2009

Hay medidas que se aplican de inmediato, otras pueden tomar hasta tres años de trámites y pasos

Cómo cambiará el panorama de los medios

Ya rige la necesidad de audiencias públicas para dar o renovar licencias y las cuotas de programación con contenidos de origen nacional. Faltará más para desandar conflictos de licencias y crear la autoridad de aplicación.

Con la firma que la presidenta Cristina Fernández estampó, en la mañana de ayer, al proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que unas horas antes había aprobado el Senado, dejó de tener validez la norma que había regido los medios de radiodifusión en la Argentina durante 28 años, desde la última dictadura militar. A partir de ayer, la sociedad irá adaptándose a los cambios establecidos por la nueva norma hasta llegar, en unos tres años, a un nuevo panorama mediático. Si se cumplen las intenciones de los senadores, la oferta de voces será mucho más variada, se multiplicarán los canales de difusión y la sociedad podrá tener un mayor control sobre qué y cómo quiere ver y escuchar. Página/12 consultó a especialistas en el tema para ver cómo se darán los cambios en el mapa de los medios argentinos, y todos coincidieron en que será un proceso lento e imprevisible, cuyo final dependerá de cómo participen los múltiples actores del sector.

Hay algunos cambios que deberían ser inmediatos, o casi, como todos los relacionados con los asuntos de transparencia y derechos del público: a partir de ahora, cada vez que se renueve una licencia, habrá un proceso de audiencias públicas previo a decidir la adjudicación. A su vez, podrán comenzar a implementarse, sin necesidad de ser reglamentadas, las cuotas de programación. Para algunas, como las que implican producción propia, hay un lapso ventana para adaptarse. Pero hay otras, como los porcentajes asignados a la música y el cine nacional, que podrían comenzar a cumplirse hoy mismo. Se espera que sean los medios públicos los primeros en cumplir la nueva legislación, para pregonar con el ejemplo e ir acostumbrando al público.

También debería llevarse a la práctica en poco tiempo lo establecido por el artículo 72 de la nueva norma, que obliga a todos los medios a poner a disposición de su público una carpeta de fácil acceso, tanto en papel como vía Internet, en la que deben constar información sobre sus titulares y directores, los compromisos adquiridos en el momento de ser adjudicada en cuanto a la programación y las especificaciones técnicas, el detalle de la pauta de publicidad oficial recibida, entre otros aspectos de interés público. Deberán, además, emitir en pantalla (o en el aire, en caso de las radios), un aviso cuando se trate de programas previamente grabados, y al menos una vez por día la identificación y domicilio legal del titular de la licencia.

Por su parte, el Poder Ejecutivo deberá comenzar a trabajar junto a todos los sectores del Consejo Federal para darle forma a la Autoridad de Aplicación que reemplazará al Comfer y decidirá acerca de la reglamentación de los planes técnicos y los procesos de normalización. Hay muchas formas de llevar a cabo esta etapa de la transición: en Uruguay, por ejemplo, cuando se creó en 2005 la Agencia para el Desarrollo de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y el Conocimiento (Agesic), que centralizó el control de las tecnologías de la información y la comunicaciones, se nombró un consejo honorario para llevar a cabo el proceso.

De eso dependerá, entre otras cosas, cómo se realizarán los concursos que permitirán que lugares donde hoy en día hay una sola emisora empiecen a funcionar otras voces. Como dato para rescatar, en el año 2001 el Comfer realizó, por orden de un decreto del entonces presidente Fernando de la Rúa, un censo de interesados en instalar emisoras de televisión de aire de alta, media y baja frecuencia: en ese entonces hubo más de 300 postulantes a las licencias. Cabe esperar que hoy en día, en una situación económica y política totalmente distinta, sean aún más los interesados.

Respecto de la adecuación de aquellos grupos cuya composición queda fuera de la ley, tendrán un período de tiempo prudencial para decidir sus planes: primero hace falta establecer la nueva Autoridad, que luego fijará los mecanismos de desinversión y, recién a partir de ese momento comenzará a correr el tan mentado año de plazo. Ahí cada grupo deberá decidir qué diseño empresario aplicará. Las posibilidades son infinitas: hay múltiples combinaciones entre los servicios que se prestan (operadores o canales de televisión por cable, canales abiertos y radios) que permiten muchas opciones. Cada empresa deberá diseñar su propio plan y decidir con qué se queda y de qué se desprende, previa aprobación del nuevo órgano de aplicación. Diferente es el caso de aquellas situaciones que exceden los topes que ya estaban establecidos por la vieja ley, como la fusión de Cablevisión y Multicanal, que deberán regularizarse inmediatamente.

Es absolutamente previsible que muchos de los puntos de la nueva ley acaben en los Tribunales, pero no por el texto sancionado en sí sino por los antecedentes de los actores del sector, que históricamente siempre judicializaron todas las medidas que los afectaron. En los últimos años acabaron en las Cortes: el decreto 1214/03 de Eduardo Duhalde, que permitía a las provincias y municipios dar servicios de radiodifusión, la instalación de una repetidora de Canal 7 en San Rafael (Mendoza) y la retransmisión de ese canal en operadoras de cable de esta provincia –impugnadas ambas por el Grupo Vila–, la grilla del Comfer que reordenaba la ubicación de los canales de noticias para que hubiera equidad en las grillas, la constitución del grupo español Prisa como dueño de Radio Continental, entre otros conflictos concernientes a la radiodifusión.

Una vez que se avance en todos estos asuntos, y con la ley funcionando por completo, algo que se debería darse en un plazo de alrededor de tres años, habrá, según aseguraron los especialistas, un enorme abanico polifónico, que incluirá desde medios sin fines de lucro a manos de universidades, pueblos originarios u organizaciones no gubernamentales, hasta una mayor cantidad de señales comerciales, y un esquema de medios públicos con una mayor participación de la sociedad civil, abriendo posibilidades impensadas hasta hace poco tiempo.

Informe: Nicolás Lantos.
Link a la nota: http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/elpais/1-133304-2009-10-11.html

UN TRIUNFO PARA LA BATALLA CULTURAL

EL PROYECTO DE LEY DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL YA ES LEY.

FUE APROBADO SIN MODIFICACIONES EN EL SENADO POR 44 VOTOS CONTRA 24

SE TRATA DE UN GRAN TRIUNFO PARA LA BATALLA CULTURAL QUE HAY QUE DAR, CONTRA LOS MONOPOLIOS Y OLIGOPOLIOS, CONTRA EL ACALLAMIENTO DE LAS VOCES DE LOS OTROS, DE LAS MINORIAS QUE NO VENDEN O QUE NO CONVIENEN PORQUE CUESTIONAN AL PODER, CONTRA LA PAUPERIZACIÓN Y SOMETIMIENTO INDISCRIMINADO DEL CONOCIMIENTO A LAS REGLAS DEL MERCADO, CONTRA LA DESCARADA MANIPULACION DE LA OPINIÓN PÚBLICA Y EL ACHATAMIENTO DE SU CAPACIDAD DE RAZONAR POR PARTE DE LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION, EN RESUMEN; CONTRA EL MAS INSIDIOSO DE LOS MECANISMOS DE AUTOLEGITIMACION DEL PENSAMIENTO FASCISTA Y RETRÓGRADO DE LA DERECHA.

APLAUDO SIN TAPUJOS AL GOBIERNO Y A QUIENES LO APOYARON EN ESTA IMPORTANTÍSIMA BATALLA

COMO DIJO HAIDÉ GIRI, SENADORA OFICIALISTA, DURANTE EL DEBATE:
"En la Argentina el sonido del clarín lo unimos a las marchas militares. Estoy contenta porque al clarín se le van unir muchísimos más instrumentos para que sea la orquesta del pueblo argentino"

TODOS MAÑANA A APOYAR LA NUEVA LEY

El viernes a las 17 hs. organizaciones civiles, culturales, periodísticas y sociales, se movilizarán en defensa del proyecto de Ley de Medios de la democracia.

La convocatoria fue realizada por el titular de la coalición, Néstor Busso, quien participó en la redacción de los 21 puntos que inspiraron la iniciativa oficial, por la titular de las Abuelas de la Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; por el secretario general de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), Hugo Yasky y por el diputado del Frente para la Victoria (FPV) y secretario de DDHH de la CGT, Julio Piumato.

La marcha comenzará a las 17, en simultáneo con el inicio de la sesión en el Senado en la que se tratará el proyecto que tiene media sanción de Diputados.

La movilización tendrá como lema: "Vamos por la nueva ley de la democracia".
También formaron parte de la convocatoria el dirigente de la Federación de Tierra y Vivienda (FTV) Luis D’Elía; el diputado Edgardo Depetri, el dirigente de los maestros porteños y legislador electo, Tito Nenna; el dirigente de la Fatpren, José Insaurralde; Omar Turconi, presidente de Aruna, red de radios de las universidades y representantes de organizaciones de los pueblos originarios, del movimiento cooperativo y de la Federación Universitaria Argentina (FUA), entre otros.

“El proyecto que se discute en el Senado es nuestro proyecto. El de las organizaciones sociales, de las radios comunitarias y de las pequeñas radios y televisoras del interior del país", puntualizó Busso.

"Hay muchos aspectos de la ley que podrían mejorarse, pero creemos que este proyecto es producto de un amplio debate, de un equilibrio entre intereses e ideas de diferentes sectores y por lo tanto lo queremos y lo apoyamos”, finalizó.

Fuente: www.argentina.ar/hablemostodos